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—¿El gobierno es partidario de modificar el concepto de empresa como propone el proyecto que discute la comisión?

—El desafío es cómo establecer un  procedimiento para que la Dirección del Trabajo tenga mayor capacidad de fiscalización, pesquise cuando se generan muchos RUTs y muchas empresas con el objeto de evadir las responsabilidades, que es lo que queremos atacar. Puede ser que un grupo de empresas se organice por otras razones, no para evadir sus responsabilidades laborales y eso es legítimo, entonces no debemos estigmatizar la organización que se da en una empresa generando muchos RUTs.

—¿Solicitaron a la comisión del Senado que no se votara el proyecto?

—Habíamos solicitado que no se votara, porque redefinir el concepto de empresa no resuelve el problema de fondo. Asumimos el compromiso de presentar un proyecto en las próximas semanas, antes de un mes; porque nos interesa regular esta situación.

—¿Qué elementos tendrá la propuesta?

—Queremos profundizar dos aspectos. Primero que la Dirección del Trabajo tenga capacidad para investigar, fiscalizar y hacer un proceso de mediación y, enseguida,  elaborar un informe que sirva de base para alguna denuncia en los tribunales de justicia. Los tribunales tienen jurisdicción para resolver si se vulnera o no la ley, y la  Inspección del Trabajo tiene capacidad para fiscalizar. Naturalmente, si advierte incumplimientos, tiene atribuciones para cursar multas. La segunda parte del proyecto será aumentar las sanciones establecidas en el Código del Trabajo.

—¿Requiere mayores recursos y dotación para la DT?   

—El desafío y la instrucción del Gobierno es aumentar la fiscalización en terreno, por eso estamos aumentando los presupuestos.   

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